Yak-42, trece años de mentiras de Estado
El periodista aragonés Ramón J. Campo, que siguió durante años junto a las víctimas y sobre el terreno la tragedia del avión fletado por Defensa, reconstruye el relato de los hechos que incriminan a Federico Trillo y al Gobierno del PP
Francisco Cardona y su esposa, Amparo Gil, salieron la tarde del 25 de mayo de 2003 desde Alboraya (Valencia) hacia la Base de Zaragoza para recoger a su hijo, el sargento Francisco Cardona Gil, que venía desde Manás (Kirguizistán), después de haber trabajado dos meses como mecánico de los aviones Hércules que participaban en la operación Libertad Duradera. Cuando estaban a mitad de camino, a las 18.30, recibieron una llamada al móvil. Amparo habló con su hijo, aunque nunca sospechó que sería la última vez: “No sé lo que pasa, pero saldremos con retraso. Embarcamos a las doce de la noche que son las ocho de la tarde en España. Ya nos veremos cuando llegue a Zaragoza. No os llamaré más”. Nunca lo pudo hacer.
Amparo Gil se despidió de Francisco, y el matrimonio siguió su rumbo hacia la capital aragonesa. Ellos fueron los únicos padres que durmieron esa noche en la instalación militar, donde ya habían estado dos meses antes, el 13 de abril, “Domingo de Ramos”, recuerda el padre, para despedirlo, junto a su novia, al partir a una nueva misión en Afganistán. “Él ya había ido a Manás hacía un año, pero hizo el viaje de ida y vuelta en un Hércules. Esta vez se marchó en uno ruso, pero no sé si fue un Ilyushin, un Yakovlev o un Tupolev”, recuerda Francisco Cardona.
A las 7.00, la pareja se despertó en el segundo piso del pabellón, y después de asearse, bajaron a desayunar a la cafetería porque habían quedado con un amigo de su hijo para ir a buscarlo. Un camarero y un sargento eran las únicas personas que había en el bar. Ambos susurraron un comentario que despertó las sospechas del padre: “Venía el valenciano que hacía paellas”, dijeron. Francisco les interrumpió para inquirirles si sabían cuando llegaba el avión de Afganistán. “Creo que hablan de mi hijo”, les dijo. “No sabemos nada”, le contestaron. Pero el sargento y el camarero ya conocían la tragedia.
Al ir a pagar la consumición, Francisco se giró hacia la televisión encendida, que ya daba la noticia a las 7.20, con un gráfico de situación de la zona del siniestro. “Un avión con 62 militares españoles se ha estrellado en Turquía y no hay supervivientes”. “Lo primero que pensé es que era otro avión porque yo desconocía que hacía escala en Turquía”, explica el padre. “Llamé enseguida a su amigo para ver si él sabía algo y me dijo que iba a buscarnos con el coronel. Entonces, pensé lo peor”. Se encontraron en el vestíbulo del pabellón y allí, sin más preámbulo, el coronel Manuel Mestre, jefe del Ala 31, les dijo de sopetón: “Lo siento mucho. Traigo malas noticias. Su hijo ha fallecido en un accidente”.
Ambos rompieron a llorar y el padre desató su furia y dolor contra todo lo que encontró por medio: “Empecé a dar patadas a los sofás, a gritar desesperado... Sentí rabia, impotencia...”, recuerda. Así pasaron casi dos horas. Solos en la Base, con el único consuelo de los compañeros del sargento Cardona que se acercaban a darles el pésame. Llamaron a su hijo Ignacio, otro militar que trabaja en Madrid, como cocinero del Jefe de Estado Mayor de la Armada, y a varios amigos de Alboraya para darles la mala noticia. Hasta las 9.30 no vieron llegar a otras familias de los militares del Yak, que iniciaron un triste cortejo para confirmar de forma oficial que los suyos estaban en la lista de pasajeros muertos.Con esta escena empecé mi libro ‘Yak-42, honor y verdad. Crónica de una catástrofe’ (Península, 2004), un intento de describir la peor tragedia de la historia del Ejército español en tiempos de paz, quizá la mayor vergüenza de los 35 años de democracia y uno de los episodios más siniestros de mentiras y manipulaciones cometido por el Gobierno del PP.
La mitad de los 62 militares españoles muertos no fueron identificados por el Gobierno de José Maria Aznar, que se apresuró a entregar los cuerpos por miedo al escándalo a los dos días del accidente, el 28 de mayo, después de un funeral tétrico en la Base de Torrejón, que retransmitió TVE con los micrófonos tapados para que no se escucharan los gritos de protesta de las familias ante los políticos que asistieron. También estuvieron los Reyes Juan Carlos y Sofía, que reconocieron más tarde que fue el acto más duro en sus años de reinado.
La mayoría de familiares de las víctimas no eran militares como los fallecidos, y muchos se rebelaron contra la injusticia desde el mismo 26 de mayo de 2003. Intercambiaron sus teléfonos en el mismo funeral, y Alfonso Agulló (hermano de un fallecido) repartió octavillas. Poco después, el 14 de junio, en una reunión celebrada en Zaragoza, decidieron formar una asociación. Desde entonces, han batallado con sus armas (ayudados por un despacho jurídico dirigido por Leopoldo Gay, junto a la letrada turca Belkis Baysal), contra el ministerio de Defensa en busca de la verdad. Y finalmente, vencieron. La asociación ha sido un ejemplo decisivo para evitar que la Administración pueda volver a realizar sin ningún tipo de vigilancia la contratación de aviones baratos --rusos y ucranianos, sobre todo--. El despliegue y transporte de tropas en Afganistán, a 6.000 kilómetros de distancia, se hizo sin controlar previamente la seguridad de los aviones, pese a que aquella fue la operación logística más importante del Ejército español en misiones internacionales.
A los pocos días del accidente, el ministro de Defensa, Federico Trillo, suprimió los contratos de los aviones rusos y ucranianos a través de la agencia Namsa de la OTAN invocando la “alarma social” generada, a pesar de la posición del ministerio, que defendía que eran unas aeronaves muy seguras e insistía en que la causa del siniestro pudo ser meteorológica. Poco más tarde, Trillo tuvo que asumir que el ministerio había recibido doce quejas previas, realizadas por militares españoles, sobre la seguridad de estos aviones; la investigación demostró que los pilotos del aparato de bajo coste no conocían el aeropuerto de Trabzon (Turquía); que tenían restos de alcohol en la sangre, que giraron hacia el monte Pilav --un viraje prohibido en cualquier plan de vuelo: “Precaución. No está autorizado a realizar maniobras de aproximación al sur del aeropuerto”, decía la carta aeronáutica--, y que habían superado las 22 horas de viaje, por encima del tiempo legal.
De los 62 fallecidos, 21 eran componentes de unidades del Ejército del Aire de Zaragoza (nueve del Ala 31 y doce del Escuadrón de Apoyo al despliegue aéreo). Además, otros cinco militares del Ejército de Tierra habían nacido en Aragón. Yo era --todavía soy-- periodista del Heraldo de Aragón. Así que me tocó la mitad de la tragedia en nuestra propia casa. Al llegar a la redacción aquella mañana, un trabajador del departamento de administración me preguntó si conocíamos el listado de los fallecidos porque el marido de una compañera podía estar entre ellos. Así era, el brigada José Manuel Pazos Vidal era uno de los fallecidos. Fue una puñalada. El militar había pasado ocho años en misiones durante la guerra de Bosnia-Herzegovina apoyando a los F-18 que vigilaban el espacio aéreo de la ONU y la OTAN. Su viuda, que tenía dos hijos, me contó la última conversación con su marido, y fue el preludio de la avalancha de información: “Me ha dicho que volvían en un avión ruso, como esos a los que se les abren las puertas. Y le dije que se agarrara bien el cinturón”.Ese fue nuestro primer titular del día siguiente. Tres semanas antes del accidente, un Ilyushin 76 de fabricación soviética (uno de los modelos elegidos por el Gobierno español junto al Yakovlev-42 y el Tupolev-154 para trasladar a las tropas españolas a Afganistán) sufrió un accidente en el Congo al abrirse en pleno vuelo la puerta trasera y perder a decenas de pasajeros.
Encuentros secretos
Estas denuncias de los militares, y la noticia de que la caja negra estaba averiada, se fueron desvelando en los primeros días entre Heraldo de Aragón y El País. Pero en el ministerio de Defensa sabían que lo peor estaba por llegar. El teniente coronel Javier Marino González, miembro del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército del Aire) había advertido un mes antes del accidente mortal del peligro de utilizar estos aviones. “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS: su mantenimiento es, como mínimo, muy dudoso”.
Los encuentros con los militares se producían a escondidas y en lugares secretos porque teníamos la sensación (que fue real) de que estábamos siendo seguidos. Las citas eran como la película El tercer hombre. Ya en esos primeros días supimos que Defensa había trasladado 30 muertos sin identificar. Pero no podíamos contar la información. Hoy se puede contar que hubo muchos compañeros de los fallecidos que se jugaron su trabajo en esos encuentros cinematográficos, compartiendo la información con nosotros y con las familias de los fallecidos. Una orden remitida por el Jefe de Estado Mayor del Aire, Eduardo González-Gallarza, a todas las unidades, prohibía a los militares no autorizados hacer declaraciones sobre el accidente del Yak-42. “Como descubra al que os está contando todo lo vais a tener que poner de portero en el Heraldo”, me advirtió un día el coronel Mestre, del Ala 31. ¿Pero es verdad o mentira lo que publicamos?, le pregunté. “Lo malo es que casi todo es verdad”, reconoció.Viaje a Trabzon
Francisco Cardona convenció al equipo de fútbol de Villarreal para que le llevaran a Trabzon (Turquía), donde les había tocado jugar una eliminatoria de la UEFA contra el Trabzonsport, en octubre de 2003. Varios familiares levantinos viajaron en ese mismo vuelo y, pocas horas depués de aterrizar, entendieron que los turcos podían ser su solución. Los periodistas estaban más interesados en los familiares de los militares muertos que en los futbolistas. Un imán de la ciudad turca les entregó varias chapas identificativas de las víctimas, que según Defensa, habían servido para identificar a los 62 militares en un tiempo récord de un día y medio.
La visita de la abogada turca
Seis años antes de llegar a aquella vista oral, las familias recibieron en un hotel de Madrid en diciembre de 2003 a la abogada turca Belkis Baysal, que iba a explicarles la posibilidad de plantear un pleito en Turquía. Baysal se dio cuenta de que las madres de los fallecidos tenían la inquietud de si les habían dado a sus muertos o no. La abogada me contó a la salida de esa reunión que volvía a su país con el corazón en un puño. Su único objetivo era lograr que la Fiscalía le facilitara la información de los trabajos realizados por los forenses turcos y el equipo médico español. El 13 de diciembre de 2003, unos 300 familiares se manifestaron por las calles de Madrid pidiendo que Defensa diera explicaciones. El cartel que portaban decía: “Volvemos en una tartana”. Entonces no tuvieron ni apoyo mediático. Estaban solos, y las velas que encendieron esa noche junto a las verjas del Ministerio de Defensa fueron retiradas por la policía en cinco minutos.
El Gobierno de José María Aznar estaba a punto de lograr su objetivo: que no se supiera nada de la tragedia antes de las elecciones del 14 de marzo. A finales de febrero recibí una llamada de un portavoz de las familias para mantener una reunión de urgencia en Madrid. Había regresado la letrada Belkis Baysal con un acta judicial de la Fiscalía de Macka. Propuse que el encuentro fuera en una cafetería de la estación de Atocha; me dijeron que era un buen lugar para no ser escuchados. Éramos conscientes de que nuestras conversaciones telefónicas estaban pinchadas por los servicios secretos (el ruido era bastante notorio) y hasta los saludábamos al final. Creíamos que estábamos muy cerca del final, aquel 28 de febrero de 2004.
El encuentro en Atocha, vigilado
Nos sentamos en la cafetería de Atocha, al lado del jardín, con tres familiares de la Asociación, Miguel González, un colega de El País, y una traductora turca. Cuando iba a comenzar la lectura del documento judicial de Turquía pude ver cómo un fotógrafo nos inmortalizaba desde las escaleras del AVE. No sabían lo que decíamos, o quizá sí, pero sí quiénes estábamos reunidos.
Uno por uno, la intérprete leyó que dos generales españoles (Vicente Navarro y José Antonio Beltrán) firmaron un documento oficial con los forenses turcos en el que asumían que se llevaban 30 cadáveres que no estaban identificados. Estaban carbonizados o llevaban anillos (cinco de ellos) y ni se detuvieron a reconocerlos. La traductora tuvo que detenerse varias veces por la dureza del documento.
Llegamos a un acuerdo: lo primero, por respeto y dignidad, era comunicárselo a todos los familiares de las víctimas. Al día siguiente, el 2 de marzo, publicaríamos la información junto a la versión del general Vicente Navarro. Empecé a mandar SMS a mi compañera Pilar Estopiñá para decirle que nuestra sospecha, desde el mismo 26 de mayo de 2003, se confirmaba, por desgracia, punto por punto. Lo triste era que el brigada Pazos, el marido de nuestra compañera de administración, estaba entre los no identificados, aunque llevaba su anillo de boda. Tampoco habían reconocido a Francisco Cardona y lo intercambiaron por otro fallecido...
La reacción del ministerio de Defensa fue el envío de cinco cartas firmadas por el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, a las familias. En ellas se nos acusaba de hacer “una campaña sensacionalista” y lo negaban todo. “El Gobierno lamenta profundamente que un asunto tan doloroso y delicado sea objeto de un tratamiento tan escasamente riguroso y tan poco respetuoso con la memoria e intimidad de los afectados”, dijo el Gobierno en una nota de prensa. Acusaron a la abogada turca por haber obtenido el acta, que “formaba parte de un sumario calificado de secreto por la Fiscalía de Macka”. Cuaquier cosa menos asumir los 30 palmarios errores en las identificaciones de los cadáveres, que acabarían siendo confirmadas por los forenses de Turquía gracias a la pruebas de ADN que guardaron de los fallecidos y a las que hicieron a sus familiares en mayo de 2004.
Para entonces, el Gobierno de Aznar --ahora Rajoy-- y Trillo había perdido las elecciones ante el PSOE. España había vivido el peor atentado de su historia, el del 11-M, donde se aplicó la misma política de la mentira oficial; en este caso, sobre la autoría del mismo. Sin embargo, en la identificación de los 192 fallecidos ese día, los forenses civiles advirtieron de que no iban a repetirse los errores cometidos en el accidente del Yak.
El 31 de mayo de 2005, T5 emitió el documental Yak-42, producido por Iberrota Films, en el que colaboré, tras presentar el libro en Madrid. El documental dirigido por Tania Estévez consiguió una audiencia del 30%. Desde entonces nunca más se ha vuelto a ver. Está metido en un cajón. La ministra Dolores Cospedal recibirá el martes 10 de enero a las familias del Yak, después de que un dictamen del Consejo de Estado haya establecido que el ministerio de Defensa no fue diligente en la protección de sus militares, y que el accidente hubiera sido evitable. Es una gran oportunidad para que el Gobierno del PP reconozca, trece años después: “Yak-42, honor y verdad”.
Ramón J. Campo (@RamJCampo) es autor del documental Juego de Espías y de los libros Canfranc. El oro y los nazis (Mira Editores, 2012), La estación espía (Península, 2006), Yak-42, honor y verdad (Península, 2004) y El oro de Canfranc (Biblioteca aragonesa de cultura, 2002).
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